Las imágenes obtenidas mediante cámaras ocultas son un recurso que se utiliza en algunos casos para obtener pruebas de conductas ilícitas o irregulares. Sin embargo, su validez legal depende de varios factores, como el consentimiento de las personas grabadas, el derecho a la intimidad, el interés público o la proporcionalidad. Por lo tanto, no se puede afirmar que las imágenes obtenidas mediante cámaras ocultas sean siempre válidas o siempre inválidas, sino que hay que analizar cada caso concreto y ponderar los derechos e intereses en juego.
La Ley, especialmente la normativa de protección de datos, actualmente contenida en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD), y, en el derecho interno, en la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos y derechos digitales, establece las reglas a las que está sujeta la instalación de cámaras de videovigilancia por razones de seguridad pública o privada. Así lo saben quienes instalan dichas cámaras.
En la Ley Orgánica 3/2018 se regula la videovigilancia desde la perspectiva de su finalidad:
- Videovigilancia con fines de seguridad privada: art. 22. (en relación a su uso con fines de seguridad privada también se debe tener en cuenta el artículo 42 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada).
- Y videovigilancia con fines de control laboral de los trabajadores: artículo 89.
El artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018 establece los requisitos mínimos para la videovigilancia, como limitar la invasión de espacios públicos, colocar carteles informativos visibles y conservar las imágenes por un máximo de treinta días, a menos que se trate de pruebas de delitos, en cuyo caso deben ser entregadas a la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas. Además, las cámaras no deben grabar áreas de privacidad y, en general, no deben utilizarse para otros fines.
En el caso del control laboral de los trabajadores, el artículo 89 de la misma ley permite a las empresas utilizar cámaras de videovigilancia, siempre que se realice dentro del marco legal y se respeten los límites establecidos. Es necesario informar previamente a los trabajadores de esta medida, a menos que las cámaras capturen la comisión de un delito por parte del trabajador, en cuyo caso la instalación del cartel de videovigilancia es suficiente. Sin embargo, está prohibido instalar cámaras en vestuarios, aseos, comedores y áreas de descanso de los trabajadores.
¡Ahora! ¿Tienen validez las imágenes obtenidas mediante cámaras ocultas como prueba?
Existe una discrepancia en la interpretación de la legislación y la jurisprudencia en este aspecto. El uso de cámaras ocultas ha generado controversia en los tribunales de derechos humanos, que han valorado la proporcionalidad y el interés público de esta medida. Una sentencia del TEDH admitió la «videovigilancia encubierta» en casos de sospechas razonables, aunque la ley exigiera informar previamente sobre las cámaras.
Tanto el TEDH como el Tribunal Supremo admiten la legitimidad del uso de cámaras ocultas en circunstancias excepcionales, cuando haya intereses públicos o privados de gran importancia en juego, como descubrir delitos o irregularidades graves que comprometan la seguridad de las personas, bienes o instalaciones.
Es importante destacar que si las cámaras están anunciadas mediante carteles informativos, no es necesario informar a los trabajadores sobre su posible uso como prueba en casos de infracciones penales, según lo establecido en el artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018. Para obtener pruebas, se debe evaluar caso por caso el uso de cámaras ocultas, considerando siempre la legalidad y los derechos fundamentales de las personas involucradas.
