El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el asunto C-518/21, ha establecido importantes criterios sobre la legalidad del acceso policial a dispositivos móviles en investigaciones penales. La sentencia surge de un caso en Austria, donde la policía intentó acceder sin autorización al teléfono móvil de un sospechoso relacionado con un paquete que contenía 85 gramos de cannabis. Este hecho pone de manifiesto la relevancia de los derechos fundamentales frente a la actuación de las autoridades.
Criterios del TJUE sobre el Acceso a Dispositivos Móviles
El TJUE señala que el acceso a los datos personales contenidos en un dispositivo móvil constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales, ya que estos datos pueden incluir información altamente sensible como mensajes, fotografías y el historial de navegación. A pesar de ello, el tribunal establece que este acceso no está exclusivamente limitado a la lucha contra delitos graves.
Requisitos para el Acceso Legal:
- Base Legal Clara: El legislador nacional debe definir de manera precisa las infracciones que pueden justificar el acceso.
- Autorización Previa: Es necesaria la autorización de un juez o una autoridad administrativa independiente, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.
- Proporcionalidad: Se debe garantizar que los beneficios de la medida superen los perjuicios, respetando los derechos fundamentales.
- Información al Interesado: El afectado debe ser informado tan pronto como la investigación lo permita sin comprometer su eficacia.
El tribunal destaca que los intentos de acceso, incluso sin éxito, también están sujetos a estas regulaciones, contrariamente a lo que algunos gobiernos europeos consideraban.
Normativa Española sobre el Acceso a Dispositivos
En España, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCr), reformada por la Ley Orgánica 13/2015, regula este tipo de medidas. Según la normativa:
- Autorización Judicial Obligatoria: El juez de instrucción competente debe aprobar el acceso, salvo en casos de terrorismo, donde el Ministerio del Interior puede autorizarlo provisionalmente, notificando al juez en un plazo de 72 horas.
- Delitos Gravemente Castigados: Estas medidas solo se aplican a delitos con penas superiores a tres años, delitos de terrorismo o relacionados con organizaciones criminales.
- Duración Limitada: La medida tiene una duración máxima de tres meses, prorrogable hasta 18 meses.
El principio de proporcionalidad es esencial. Las medidas deben ser necesarias, idóneas y menos lesivas para alcanzar los objetivos de la investigación.
Impacto de la Sentencia en el Ordenamiento Jurídico Español
La sentencia del TJUE obliga a los tribunales nacionales a aplicar sus criterios en casos similares. Esto incluye tratar los intentos de acceso a dispositivos como una posible vulneración de derechos fundamentales, regulados en el artículo 18 de la Constitución Española.
Conclusión: Un Equilibrio entre Seguridad y Derechos
El acceso a dispositivos móviles en el marco de investigaciones penales plantea un desafío para equilibrar la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales. El TJUE ha establecido un marco que asegura la proporcionalidad y la legalidad en estas intervenciones, exigiendo controles previos y transparencia hacia el afectado. En España, la normativa ya incluye muchos de estos principios, consolidando el respeto al derecho a la privacidad y la protección de datos.
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