Los servicios de seguridad privada civil según la ONU (SSPC) han sido objeto de análisis y preocupación internacional desde el grave incidente de 2007 en la Plaza Nisoor de Bagdad, cuando empleados de la empresa estadounidense Blackwater causaron varias muertes durante la protección de un convoy diplomático. Este hecho evidenció un vacío legal global y la ausencia de controles eficaces sobre empresas que operaban en zonas de conflicto bajo contratos militares o gubernamentales.
A partir de entonces, la Organización de Naciones Unidas (ONU) comenzó a trabajar en mecanismos para diferenciar los servicios militares privados de los verdaderos servicios de seguridad privada civil y establecer estándares para su funcionamiento, supervisión y respeto a los derechos humanos.
1. Origen del concepto de Servicios de Seguridad Privada Civil (SSPC)
La ONU detectó que muchas empresas, operando bajo el término “compañías de seguridad”, realizaban actividades que podían vulnerar derechos humanos o interferir en funciones militares. Por ello, un Grupo de Expertos de la UNODC empezó a diferenciar claramente entre:
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Mercenarios y empresas militares.
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Empresas que prestan servicios especializados en entornos bélicos.
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Servicios de seguridad privada civil (SSPC) que actúan para prevenir delitos, colaborar con la policía y proteger a la comunidad.
El documento clave para este proceso fue la Resolución 18/2, titulada “Los servicios de seguridad privada civil: su papel, supervisión y contribución a la prevención del delito y seguridad de la comunidad”.
2. Documentos internacionales: Documento de Montreux y Código Internacional de Conducta (ICoC)
Antes de la regulación específica de los SSPC, surgieron dos documentos esenciales:
2.1 Documento de Montreux (2008)
A iniciativa del Gobierno Suizo y con apoyo del CICR, define obligaciones y buenas prácticas para las empresas militares y de seguridad privada en conflictos armados.
2.2 Código Internacional de Conducta (ICoC) (2010)
Dirigido principalmente a empresas de seguridad privada en entornos complejos. Incluye principios de derechos humanos, obligaciones éticas y compromisos de conducta responsable.
Ambos documentos son complementarios, pero no diferencian claramente entre empresas militares y servicios de seguridad privada civil, distinción que sí ha hecho la ONU en sus informes.
3. Trabajo de la ONU sobre los SSPC: análisis global y consulta a los Estados
La ONU envió un cuestionario a los Estados miembros solicitando información sobre:
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Actividades de seguridad privada civil en sus territorios.
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Problemas detectados.
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Modelos de supervisión y regulación existentes.
43 Estados respondieron, incluido España. El resultado fue el informe “Servicios de Seguridad Privada Civil: su papel, supervisión y contribución a la prevención del delito y a la seguridad de la comunidad” (2011).
4. Conclusiones internacionales sobre los servicios de seguridad privada civil
El informe refleja un consenso general:
4.1 Valoración positiva y crecimiento del sector
Los Estados consideran que los SSPC:
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Contribuyen a la prevención del delito.
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Fortalecen la seguridad comunitaria.
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Suplen carencias de la seguridad pública.
En algunos países incluso se han privatizado funciones policiales o se han adoptado modelos mixtos de colaboración.
4.2 Servicios prestados por los SSPC en todo el mundo
Entre las funciones más comunes se encuentran:
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Patrullaje en áreas públicas.
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Transporte de valores.
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Protección de infraestructuras críticas.
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Seguridad en aeropuertos y grandes centros de transporte.
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Respuesta a alarmas.
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Vigilancia y control de multitudes.
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Protección en recintos residenciales.
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Aprehensión de infractores en comercios.
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Apoyo a la policía en emergencias.
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Colaboración en situaciones de terrorismo.
4.3 Importancia de la regulación y supervisión estatal
Los órganos de la ONU insisten en que los Estados deben:
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Mantener el control sobre la seguridad.
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Regular claramente los SSPC.
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Supervisar su actuación.
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Garantizar el respeto de los derechos humanos.
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Evitar abusos de poder.
4.4 Formación, ética y condiciones laborales
La ONU recomienda que:
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Los SSPC cuenten con personal bien formado.
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Se elaboren códigos éticos y normas de actuación.
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Los trabajadores dispongan de condiciones laborales y remuneraciones adecuadas.
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Exista regulación sobre uso de la fuerza similar a la de las fuerzas del orden.
5. Cooperación entre SSPC y fuerzas públicas
La ONU destaca que la colaboración público-privada es clave para la prevención del delito. Esta cooperación incluye:
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Intercambio seguro de información.
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Respuesta conjunta a incidentes o desastres.
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Apoyo a investigaciones policiales.
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Refuerzo de la seguridad ciudadana en infraestructuras y transporte.
Ejemplos internacionales citados en el informe son:
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Alianzas en Reino Unido y Australia contra el terrorismo.
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Sistemas de intercambio rápido de información en EE.UU.
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Colaboración directa SSPC–policía en Sudáfrica.
6. Recomendaciones del Grupo de Expertos de la ONU
Entre las recomendaciones más relevantes se encuentran:
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Reconocer el papel de los SSPC en la prevención del delito.
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Regularlos de manera específica.
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Fomentar planes conjuntos entre policía y seguridad privada.
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Establecer órganos de supervisión.
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Crear redes seguras de intercambio de información.
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Definir códigos de conducta y normas éticas.
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Mejorar la formación, incluyendo derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.
7. El Manual de la UNODC para los Estados (2014)
En 2014, la UNODC publicó el “Manual sobre regulación de los servicios de seguridad privada civil y su contribución a la prevención del delito y seguridad de la comunidad”. Es una guía para que los Estados regulen adecuadamente el sector y aprovechen su potencial preventivo.
8. Situación de España respecto a las recomendaciones de la ONU
España ha sido uno de los países que más plenamente ha cumplido con las recomendaciones:
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Su legislación integra la seguridad privada como recurso coordinado con la seguridad pública.
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La Ley 5/2014 y normativa previa establecen principios éticos y de actuación similares a los exigidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Existen órganos de coordinación como las Comisiones Mixtas.
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Se han implantado reglas de colaboración e intercambio de información, con respaldo de las leyes de protección de datos.
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La formación del personal de seguridad incluye especializaciones y vías profesionales sólidas.
No obstante, quedan aspectos mejorables, como:
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Desarrollar más ampliamente el código ético.
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Definir protocolos de uso de la fuerza con mayor detalle.
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Ampliar la formación en derechos humanos.
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Fomentar códigos de buenas prácticas para empresas proveedoras.
Conclusión
Los servicios de seguridad privada civil según la ONU representan una oportunidad para reforzar la seguridad pública y mejorar la prevención del delito. La normativa internacional insiste en la necesidad de regulación, formación, ética profesional y cooperación con la policía. España cumple en gran medida con estas recomendaciones, aunque existen áreas donde todavía puede avanzarse.
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