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    El uso de las bodycams por el personal de seguridad privada

    por | Mar 12, 2024 | Hogares, Negocios, Seguridad, Servicios Auxiliares, Tendencias

    USO DE LAS BODYCAMS

    Recientemente, un sindicato del sector de seguridad privada publicó una noticia relativa a que las Autoridades Estatales habían avalado el uso de las Bodycams por el personal de seguridad.

    En base a ello, reclamaban su uso por los Vigilantes de Seguridad en determinados servicios de alto riesgo, denunciando que las empresas de seguridad afectadas se negaban a implantar este tipo de medida en los servicios.

    Las denominadas Bodycams, son cámaras corporales que porta el usuario sujetas a su ropa, de manera visible, y que pueden ser utilizadas en diversas actividades tales como actividades recreativas, de vigilancia, de atención médica, por profesionales de seguridad pública y privada, etc.

    Estos dispositivos son de fácil adquisición en el mercado y por tanto su legalidad.

    Sin perjuicio de exigir su homologación por los organismos certificadores, la legalidad de estos dispositivos más que en el propio aparato, que también, está en el uso que del mismo se pueda hacer teniendo en cuenta que la imagen personal y la privacidad de las personas constituyen derechos constitucionales fundamentales.

    ¿Cabría su uso, o incluso sería aconsejable que el Personal de Seguridad porten estos elementos en el servicio de vigilancia y protección?

    LEGALIDAD DE LAS BODYCAM

    Pues bien, el Ministerio del Interior establece una serie de conclusiones, basadas en la Ley 5/2014, que no resuelven de forma clara la pregunta formulada, aunque, implícitamente, dan por supuesto la legalidad de uso.

    Solo comparto, en parte, las conclusiones del Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada, aunque sí la idea final que subyace en el mismo en el sentido de que no existe inconveniente legal para que el personal de seguridad pueda utilizar estos dispositivos.

    No me parece aceptable, sin embargo, que se exija la “homologación” del Ministerio del Interior para su uso en los servicios. 

    No se debe confundir la homologación del dispositivo con la regularidad de su uso u “homologación” para el servicio en la que sí debe tener participación la UCSP del Ministerio del Interior, como Autoridad Estatal de referencia.

    Resulta patente, en consecuencia, que el uso de las cámaras por razones de seguridad privada, ya sean fijas en una concreta instalación o móviles dentro de la propia instalación y en cualquier otro supuesto en el que, previa autorización, pudiera utilizarse en espacios públicos o vías de uso público, se remite en lo no previsto en la propia Ley de Seguridad Privada por tratarse y afectar a datos personales como son la imagen de la persona o su voz, además de otros aspectos que afectan a la privacidad de las personas en los términos que garantiza el artículo 18 de la Constitución y la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el contenido y ejercicio de estos derechos.

    EN RESUMEN

    A mi juicio, de lo expuesto, cabría extraer las siguientes, conclusiones:

    1. No hay inconveniente legal alguno para que el Personal de Seguridad privada pueda portar, sobre su uniformidad, en los servicios de vigilancia y protección, cámaras corporales o “Bodycams”.
    2. Si se trata de utilizar tales dispositivos en espacios o vías públicas, se debería solicitar, por la empresa de seguridad, autorización previa al Ministerio del Interior u Órgano Autonómico competente.
    3. Su uso quedaría condicionado a que se cumplan los requisitos exigidos por la normativa de protección de datos respetándose, siempre y en todo caso, las obligaciones establecidas en la misma y en la de seguridad privada.
    4. No sería admisible que el Vigilante de Seguridad pudiera portar un dispositivo de este tipo, como instrumento de trabajo, por su propia iniciativa. Se trataría de un elemento de trabajo cuyo uso queda condicionado al cumplimiento de las reglas anteriores.

    Como reflexión final, el uso de estos dispositivos es una posibilidad muy conveniente y hasta necesaria debido a la creciente conflictividad en los servicios policiales y en los de seguridad privada.

    Su uso racional y proporcionalidad permitiría proteger jurídicamente a estos profesionales aportando las pruebas gráficas pertinentes; evaluar sus actuaciones profesionales para tratar de mejorar los procedimientos y protocolos para prestar, con mayor eficacia y resolución, los servicios de vigilancia y protección de las personas y sus bienes, y también para proteger a las propias personas de los profesionales de la seguridad, públicos y privados, por su efecto disuasorio, de la que están tan necesitados. 

    Por el bien de todos es nuestro deber reforzar su seguridad en la medida de sus necesidades y de nuestras posibilidades.

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    Sobre el autor:

    Eligio Landin
    Eligio Landín
    Eligio Landín, doble licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y diplomado superior en Criminología. Apasionado por el mundo de la seguridad y con su extensa formación le avala una carrera profesional exitosa.

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