Recientemente, los medios informaron sobre la acción de la Policía Nacional contra empresas «piratas» de seguridad que ofrecían servicios a empresas constructoras. Estos hechos no son nuevos y han ocurrido con frecuencia en todo el país. En esta ocasión, se ha reiterado en la provincia de Barcelona, donde se propuso investigar a estas «empresas» como organizaciones criminales debido a su actividad ilegal. En muchos casos, estas empresas operaban fuera de la ley y cometían diversos delitos, desde la explotación laboral hasta la extorsión y el robo.
La noticia destaca la labor de la Policía Nacional en estas operaciones, pero es importante aclarar algunos aspectos legales y procedimentales:
Proceso legal a empresas piratas de seguridad
La Policía Nacional no «sanciona», como se menciona en la noticia. Después de inspecciones y la preparación de actas de inspección, el procedimiento implica elevar un informe a la Autoridad Administrativa competente para iniciar el proceso sancionador, según lo establece la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
Sanciones a Empresas Constructoras y Usuarios
La legislación actual contempla sanciones tanto para las empresas de seguridad ilegales como para las empresas constructoras que las contratan. La infracción por prestar servicios de seguridad sin autorización se considera muy grave, con multas que oscilan entre 30,001 y 600,000 euros. Los usuarios de estos servicios también pueden enfrentar sanciones, pero se requiere demostrar que actuaron «a sabiendas», lo que puede ser un desafío en términos de prueba.
Trabajadores Vulnerables
Los empleados de estas empresas «piratas» a menudo son víctimas de estas prácticas ilegales, trabajando en condiciones precarias y sin protección legal y social. La legislación también prevé sanciones para aquellos que emplean a estas personas en estas condiciones. Sin embargo, aplicar estas sanciones puede ser aún más complicado debido a la situación precaria de estos trabajadores.
Si bien la acción policial contra estas empresas ilegales es loable, las dificultades en la aplicación de sanciones son significativas. Una estrategia más eficaz podría ser la investigación criminal en colaboración con la fiscalía y la justicia, con el apoyo de las unidades especializadas de Seguridad Privada. La lucha contra el intrusismo en el sector de seguridad privada es crucial para garantizar la legalidad y la protección de los derechos de los trabajadores y el sector en general.
